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The Washington Post resalta escándalo de soborno Odebrecht está casi silenciado en República Dominicana

Uno de los escándalos de corrupción más extensos de la historia moderna tiene raíces profundas en República Dominicana: La empresa brasileña detrás de la operación colocó su “oficina de soborno” internacional en este país caribeño y sacó cerca de 100 millones de dólares en sobornos a funcionarios locales.

Sin embargo, cinco meses después de que el plan fue expuesto, nadie ha sido acusado aquí y no se ha nombrado a los funcionarios corruptos, lo que ha enfurecido tanto a los políticos reformistas como a los partidos de oposición. Por el contrario, las investigaciones en Brasil, Colombia, Panamá y Perú han producido cientos de cargos, incluyendo casos contra ex presidentes.

Los críticos del Gobierno esperan que el silencio se rompa el viernes cuando se espera que Odebrecht revele a los receptores de sus sobornos en República Dominicana bajo un acuerdo que protege a la constructora brasileña de la acusación y le permite seguir haciendo negocios en el país.

Los ejecutivos de Odebrecht confesaron a los fiscales estadounidenses que pagaron alrededor de US$788 millones a funcionarios de 10 países latinoamericanos y dos más en África para obtener contratos multimillonarios con los gobiernos locales.

Dijeron que gastaron US$92 millones en sobornos en República Dominicana solamente, ya que la compañía ganó 17 contratos para construir carreteras, represas y una gran planta generadora de carbón. Una de las figuras clave en el esquema trabajó como asesor del presidente Danilo Medina en dos campañas presidenciales.

Los contratos de Odebrecht en República Dominicana desde 2001 totalizaron US$5 mil millones, 7 % del PIB anual en un país donde la mayoría de la gente gana US$200 al mes o menos

Cuando las propias investigaciones de corrupción de Brasil comenzaron a subir la temperatura en Odebrecht en 2014, la compañía trasladó a Santo Domingo su oficina encargada de administrar los sobornos −el inocentemente nombrado Departamento de Operaciones Estructuradas−, al parecer, para distanciarla de los fiscales brasileños.

El fiscal general Jean Alain Rodríguez, miembro del comité central del partido en el poder, llegó a un acuerdo con Odebrecht por una multa de US$184 millones y un acuerdo para proteger a sus ejecutivos de la acusación a cambio de información que podría ser usada para procesar a los receptores locales de los sobornos. Es la primera operación de este tipo que Odebrecht logró fuera de Brasil.

Eso ha llevado a los activistas contra la corrupción a celebrar manifestaciones en las que protestan contra la inacción del Gobierno y a presentar casos judiciales que exigen una investigación independiente. Muchos dicen que están pesimistas de que el esperado anuncio del viernes revele la extensión total de la corrupción en República Dominicana.

“Para Odebrecht, República Dominicana no fue un país cualquiera”, dijo Manuel Robles, miembro del Movimiento Verde, un grupo creado para protestar contra la corrupción y que exige una investigación independiente del sistema de sobornos y la auditoría de todos los contratos locales de Odebrecht.

“El pueblo dominicano ha sido vilmente afectado por una mafia empresarial cómplice con políticos y burócratas ladrones”, dijo Robles.

Los contratos de Odebrecht en República Dominicana desde 2001 totalizaron US$5 mil millones, 7 % del PIB anual en un país donde la mayoría de la gente gana US$200 al mes o menos.

“Se puede seguir el dinero por aquí. Debe haber registros, información”, dijo Rosalía Sosa, directora del grupo de activistas Participación Ciudadana, que ha pedido una investigación más exhaustiva.

Quince de los contratos fueron firmados durante los 13 años de mandato del Partido de la Liberación Dominicana de Medina, ahora liderado por el ex presidente Leonel Fernández. La popularidad del partido se debe en gran medida a la mayor tasa de crecimiento económico de América Latina del país y en amplios programas sociales.

Fernández se ha negado a discutir el tema de los sobornos. En febrero, Medina defendió el acuerdo que permitió a los ejecutivos de Odebrecht evitar el enjuiciamiento.

El proyecto de infraestructura firmado de la administración de Medina es una planta de carbón de 720 megavatios, de US$2,000 millones, ubicada a unos 60 kilómetros al oeste de Santo Domingo, que fue contratada por Odebrecht en 2013, aunque la oferta de la empresa fue la más alta entre todas las presentadas y más de US$500 millones por encima del límite establecido por el Congreso del país.

En enero, Medina creó una comisión especial para investigar el proceso de licitación.

“Estoy absolutamente seguro de que el comité de licitación y los equipos técnicos llevaron a cabo un proceso transparente y adjudicaron el contrato a la parte que lo ganó, al que hizo la mejor oferta”, dijo Rubén Bichara, jefe del regulador de energía estatal de República Dominicana.

Se espera que la planta entre en operación este año.

Un punto importante de los críticos aquí es João Santana, quien trabajó en la campaña 2012 de Medina y fue arrestado en Brasil el año pasado mientras asesoraba sobre el intento de reelección de Medina. También fue estratega de campaña de varios presidentes de otros países: Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, y Mauricio Funes en El Salvador.

El gobierno de Medina ha dicho que las investigaciones limpiarán a Medina y a sus ayudantes de cualquier irregularidad y demostrarán que no recibieron dinero de Odebrecht.

“Financiamos nuestra propia campaña y pagamos a João Santana nosotros mismos”, dijo Medina en marzo.

El Fiscal General de Perú está investigando a tres expresidentes, ha encarcelado a cinco funcionarios del gobierno y ha pedido el encarcelamiento del ex presidente Alejandro Toledo por presuntamente recibir US$20 millones en sobornos de Odebrecht para que ayudara a la compañía a ganar un proyecto de una autopista. Toledo es un fugitivo que fue visto por última vez en Estados Unidos. Los fiscales dicen que 100 exfuncionarios podrían ser encarcelados en el caso.

Las autoridades venezolanas congelaron los activos de Odebrecht en el país, registraron sus oficinas en Caracas y pidieron información a funcionarios brasileños y suizos. Sin embargo, no han presentado cargos, y los testigos en los testimonios de la corte han implicado a Maduro. El Presidente no ha hecho comentarios públicamente sobre las acusaciones. El Gobierno tampoco ha comentado nada. Los ejecutivos de Odebrecht confesaron haber pagado US$98 millones en sobornos en Venezuela.

Ecuador detuvo a un magnate de negocios y a un exministro de electricidad, y está revisando 30 contratos adjudicados a Odebrecht desde 1980. Odebrecht dice que pagó US$33,5 millones en sobornos en Ecuador. La firma ha sido prohibida en el país debido al escándalo.

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